Contacta con nosotros

Actualidad

María José Mira: ‘Durante el estado de alarma, más del 80% del personal del sector público instrumental prestó servicios esenciales’

La secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, ha afirmado tras su comparecencia en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts que «el estado de alarma ha puesto de manifiesto que más del 80% del personal del Sector Público Instrumental (SPI) de la Comunidad Valenciana, presta servicios esenciales o son operadores críticos».

María José Mira ha expuesto en Les Corts el proceso de reestructuración del sector público valenciano y su situación actual y ha asegurado que «el Sector Público Instrumental de la Generalitat Valenciana está sometido a un control permanente de recursos humanos, materiales e institucionales, para garantizar que cada atención, cada prestación, cada acción del Consell se lleva a cabo de la manera más eficiente, a través del mecanismo que dote de mayor flexibilidad, mejor respuesta y mayor seguridad jurídica», ha explicado Mira.

«Además, ahora todas las empresas y entes tienen que dar publicidad de sus nombramientos, procesos selectivos y retribuciones y todo el personal que ocupa puestos directivos tiene obligación de presentar declaración de bienes y de hacer una comunicación de datos al registro oficial de contratos de la Generalitat», ha detallado la secretaria autonómica de Hacienda.

La secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación ha recordado también que para realizar este seguimiento constante «se ha creado un cuerpo de auditores internos en las entidades con una plantilla superior a 25 trabajadores».

Una restructuración fallida

La reestructuración del Sector Público valenciano se inició en 2010 con un plan de obligado cumplimiento a instancias del Gobierno central en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del Estado. Pero esta reestructuración, que culminó en 2016, «se caracterizó por una falta total de planificación, ERE anulados, entidades desordenadas y con un sinfín de condiciones laborales diferentes dentro de cada entidad, casuísticas y objetos sociales inasumibles», ha lamentado Mira

«Esta es la situación con la que nos encontramos el Consell en 2016. Desde entonces, nos hemos ido desprendiendo de entidades que no cumplían su función, que no servían a sus fines, o no cumplían con los criterios de estabilidad presupuestaria y viabilidad económica. Asimismo, se ha reorientado la actividad de otros entes que ya existían para que sean de verdad útiles y cumplan con una función social», ha explicado Mira.

Respecto a los nuevos entes, la secretaria autonómica ha explicado que su creación ha estado motivada por necesidades reales y se han diseñado partiendo de tres premisas básicas. «Transparencia, seguridad jurídica y gestión responsable para evitar que se conviertan en meros reductos de poder o ‘pseudo-conselleries’ opacas».

Los entes que conforman el Sector Público Instrumental de la Generalitat en la actualidad son un total de 60, y están formados por 13 organismos autónomos, 11 entidades de derecho público, 4 entidades públicas empresariales, 11 sociedades mercantiles, 15 fundaciones y 6 consorcios.

Mira ha señalado que de estos, 6 entidades se hallan en proceso de extinción: Fundación Feports, Fundación les Arts, Fundación Ciudad de la luz, Fundación la Luz de las imágenes, Fundación Jaume II el Just y Fundación Favide.

Contrataciones

Según María José Mira otra problemática que ha encontrado el equipo de la Secretaría Autonómica de Modelo Económico ha sido la situación del personal de los entes. «Hemos descubierto que en la anterior etapa, el Consell llevó a cabo la contratación de personal sin sujeción a los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad», ha señalado.

«Nos hemos encontrado con contratos temporales excedidos, concatenación de contratos temporales; trabajadores/as que no tienen la condición de empleados/as públicos/as en entidades cuyo personal, por imperativo legal, debe serlo; personal en situación irregular por haber sido contratado temporalmente en fraude de ley; disparidad de condiciones laborales para puestos de trabajo idénticos o similares; indefinición de la situación de convenios e incluso la no aplicación de convenio (con condiciones pactadas individualmente con los trabajadores/as) o contrataciones no autorizadas por la Dirección General de Presupuestos», ha enumerado Mira.

Además, según la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación «los entes carecían de masas salariales autorizadas y no se publicaban las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT)».

Contención presupuestaria

María José Mira ha advertido también que «ha bajado la participación del sector público empresarial respecto del presupuesto total de la Generalitat del 5,62% al 6,18%, y se ha mantenido casi estable la participación del sector público instrumental al pasar del 11,20% frente al 11,18%».

Esto significa que a pesar de la creación de varias entidades desde 2015, en términos relativos «el porcentaje del SPI en el presupuesto consolidado de la Generalitat permanece prácticamente invariable en el periodo 2015-2020 situándose en el entorno del 11%», ha informado la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación

«Además, de las cinco entidades que mayor incremento presupuestario en gasto de personal han experimentado durante los últimos cinco años, dos son Institutos de Investigación y las otras tres son entidades que prestan servicios directamente a las personas, esto es el IVASS, que presta servicio a personas en situación de dependencia, FGV, que presta servicio de transporte público y la SGISE, que presta el servicio integral de los servicios de emergencias», ha afirmado Mira.

«Si de algo nos enorgullecemos, es de que hemos pasado del sector público instrumental de los grandes eventos al sector público instrumental del servicio a las personas», ha apuntado María José Mira.

Evitar duplicidad de funciones

Por último, Mira ha concretado que, en el período 2015-2019, se llevaron a cabo «numerosos informes para evitar la duplicidad de funciones entre entidades, e incluso entre las entidades y la propia Administración, así como informes relativos a la modificación de normas de regulación, reglamentos orgánicos y estatutos de diferentes entidades del sector público.

En total, se han realizado 64 informes en los últimos tres años, lo que evidencia un ritmo de trabajo importante. En este sentido, María José Mira ha reconocido la labor del equipo de la Dirección General de Sector Público en su apoyo a las entidades formando e informando a sus técnicos y directivos ante posibles fraudes en procesos de pago.

Asimismo, durante el estado de alarma decretado por el Estado se implantaron medidas en los diferentes centros de trabajo, tales como la aprobación de planes de contingencia específicos e incluso la regulación de permisos retribuidos recuperables para las personas trabajadoras que no estaban prestando servicios esenciales.

Anuncio
Conectar